Por
Oscar N. Lagunes López**
Como es bien sabido, el gobierno del
Estado de Sonora cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas llamado
fiscalización, para garantizar que los recursos públicos que se destinan a cada
una de las dependencias o secretarías que integran el gobierno estatal sean
administrados y empleados con eficiencia, eficacia y transparencia. La
finalidad de la fiscalización de las cuentas públicas es evitar la corrupción
en el uso de los recursos públicos. El documento que contiene los pormenores
del cumplimiento de metas de los programas ejecutados por estas dependencias,
así como el presupuesto que el Congreso del Estado les asigna recibe el nombre
de Cuenta Pública.
El instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (ISAF) Audita y Fiscaliza la cuenta pública estatal cada año y
emite sus resultados en un documento denominado Informe de Resultados de la
Revisión de la Cuenta Pública Estatal. Cabe decir que el ISAF revisa la Cuenta
Pública del año inmediato anterior al año en curso, por ejemplo, la del 2010 se
revisó y fiscalizó en el 2011, y tiene hasta el 30 de agosto para enviar su Informe
de Resultados al Congreso; éste último deberá calificar, es decir, aprobar o
desaprobar la cuenta pública correspondiente teniendo como fecha límite el 15 de
septiembre.
Si se analizan los Informes de
Resultados que emite el ISAF sobre las cuentas públicas que corresponden a los
años que van del 2004 al 2010 se advierte que las observaciones hechas a cinco dependencias
--tales como el Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Contraloría
General, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) y la
Secretaría de Educación y Cultura (SEC) respecto al cumplimiento de las metas
programadas y al uso correcto del dinero público-- han ido aumentando cada año
y un buen porcentaje de ellas que no fueron solventadas en tiempo y forma por
estas dependencias presentaron monto presupuestal, es decir, indican un gasto
ejercido no autorizado, no comprobado y expedientes técnicos incompletos de
obras públicas. Las dependencias de gobierno que más presentan este tipo de
observaciones son la SEC y la SIDUR.
Lo anterior se debe al sistema de
fiscalización vigente en la administración pública estatal, que genera
observaciones que no pueden resolverse y que se van acumulando cada año. Aunado
a lo anterior, y como causa de ello, se advierte la disminución de los servidores
sancionados en ese mismo periodo de tiempo, lo cual indica que no se aplica la
ley existente en materia de fiscalización como debiera ser. La Contraloría es
la encargada de aplicar sanciones, pero como es una dependencia que forma parte
del Poder Ejecutivo el tema de las sanciones se torna un asunto político,
puesto que ella misma debe castigarse a sí misma y castigar a las demás
dependencias. Llama la atención que el Ejecutivo del Estado no presentó
observación alguna en los años 2004 al 2010, que la Contraloría haya resuelto todas
sus observaciones, como no sucedió con el resto de las dependencias, y que en
ese sentido ambas secretarías aparezcan como “ejemplo” para las demás.
Deberían aplicarse las leyes vigentes en
materia de fiscalización y dotar al ISAF con mayores atribuciones, como la
capacidad de destituir o inhabilitar a los servidores públicos que malversan
fondos, para desalentar las prácticas de corrupción en las dependencias de
gobierno. Por otro lado, hace falta la participación de la ciudadanía en la
fiscalización de las cuentas públicas y que el ISAF publique una versión
sintética de su informe de resultados en los diarios de mayor circulación en la
entidad para hacerlo público. De este modo se combatirán mejor las prácticas
corruptas en la administración pública gubernamental alentadas por un trasfondo
ideológico cultural expresado por la frase: “quien parte y reparte y no se
queda con la mejor parte o es un tonto o en el repartir
no tiene arte”.
*Este artículo fue publicado en el periódico el 3 de diciembre en el periódico Tribuna de Ciudad Obregón, Sonora, en la sección Observatorios Urbanos del Colegio de Sonora.
**Maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Línea de especialización: Teoría y Análisis de Asuntos Públicos. Doctorante en Ciencias Sociales por la misma institución.
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